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La Fiscalía pide a las policías investigar las llamadas de móvil previas a los accidentes

El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha remitido un oficio a todas las policías de tráfico para que investiguen la utilización del teléfono móvil en relación con los accidentes de circulación, como las llamadas que se hayan realizado previas al siniestro.

Bartolomé Vargas
El fiscal de sala y coordinador de la unidad de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. Foto EFE/Emilio Naranjo

Vargas ha anunciado esta medida en una rueda de prensa para informar sobre los datos de siniestralidad vial, las medidas a tomar y las sentencias dictadas por delitos contra la seguridad vial, que ascendieron el pasado año a 81.951, es decir, el 32 por ciento de todas las dictadas (una de cada tres).

Considera la Fiscalía que de las 600 muertes que se produjeron el pasado año en las carreteras por salida de vía, una buena parte tuvo como causa el uso del teléfono móvil, por lo que ha exigido una investigación más exhaustiva por parte de las policías.

Asimismo, en el oficio ha solicitado a las autoridades de tráfico de todas las administraciones que incrementen los controles de alcohol y drogas al volante y de la velocidad, factor este último presente en el 30 por ciento de los accidentes.

Porque el uso del móvil, los excesos de velocidad y el consumo previo de alcohol, o de drogas o de psicofármacos son el “quinteto” de la muerte, según ha resaltado Vargas, quien ha rechazado que el repunte de la siniestralidad se deba a la mejora de la situación económica o al aumento de los desplazamientos.

“Constituye una excusa para no ofrecer respuestas adecuadas”, ha enfatizado el fiscal.

Para la Fiscalía, el repunte tiene que ver más bien con el “progresivo descuido, cuando no la deliberada vulneración por los conductores de las normas”.

Uso del móvil al volante

Y entre las infracciones, el fiscal cree que le uso del móvil al volante es una de las más importantes y, por eso, pide a las policías de tráfico que, dentro de los límites legales, investiguen esa utilización previa al accidente y, si se puede, realicen informes detallados sobre la duración de la llamada o la frecuencia de uso durante el trayecto en el que se produjo el siniestro.

De todos modos, Vargas ha reconocido que es necesario realizar -y en ello está la Fiscalía- un examen jurídico para ver hasta dónde puede llegar esa investigación, porque no se hará nada que “no esté dentro de la estricta legalidad procesal”.

SPLT
Conectividad en el automóvil. Foto SPLT

Mientras, sí existen otras vías, como los propios testigos, la ubicación del teléfono (por ejemplo, en el asiento del conductor), la declaración del conductor, etc…

Vargas ha recordado que si se constata que la causa del accidente es la desatención del conductor, se considera imprudencia grave. Si se produce un fallecimiento, la pena puede oscilar entre 1 y 4 años de cárcel, además de la pérdida del carné por 6 años; y si son lesiones, la pena será de hasta 3 años, con la privación del permiso de conducir por hasta cuatro años.

En el oficio, la Fiscalía propone también que se investigue si la causa de la distracción ha sido el uso del navegador o del manos libres, aunque estas tecnologías estén autorizadas.

Ha destacado también los últimos datos revelados por el Instituto Nacional de Toxicología, de los que se deduce que en torno a 600 conductores, es decir, un tercio de los fallecidos en accidente de tráfico, podía haber ingerido alcohol, drogas o psicofármacos.

Tráfico. Control de alcoholemia
Tráfico. Control de alcoholemia. Foto EFE/Archivo

Además, el 75 por ciento de los que habían consumido alcohol por encima de los límites, presentó una tasa muy elevada del 1,2.

Debido a esa alta incidencia de estas sustancias en la siniestralidad, el fiscal coordinador de Seguridad Vial ha instado a las policías a incrementar de forma exponencial los controles, porque la supervisión “salva vidas”.

En cualquier caso, Vargas ha apelado al compromiso de toda la sociedad y de las instituciones con las estrategias preventivas, con la educación permanente y con un problema que es también de salud pública.

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