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La “presión sobre el diésel” y la nueva homologación de motores ha destruido 35.000 empleos, según UGT-FICA

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT ha calculado que la presión sobre el diésel, junto a la nueva directriz sobre homologaciones de motores, ha supuesto hasta el momento la pérdida de cerca de 35.000 puestos de trabajo en España.

diésel empleo
Foto UFT-FICA

En un comunicado, UGT-FICA ha reclamado al Gobierno que “paralice la criminalización” que se está haciendo hacia los vehículos diésel como culpables de la situación medioambiental y ha exigido una “transición coherente y pausada” articulada en torno a un Pacto de Estado por la Industria que frene la “sangría” de pérdida de empleo en el sector.

De hecho, a su juicio “la realidad del diésel” no representa una repercusión ambiental superior a la del vehículo de gasolina.

Por eso, UGT-FICA ha exigido negociar un Plan Industrial Estatal que afronte los retos de la automoción con la participación de los agentes sociales y que incluya medidas como el contrato relevo o el mantenimiento de incentivos a la compra de vehículos.

Al mismo tiempo, ha advertido que “de persistir la pasividad del Gobierno” para encarar estos retos, no descarta emprender las acciones “que considere necesarias para salvar la industria del motor y sus puestos de trabajo”.

Medidas para un Plan Industrial Estatal

En una reunión mantenida entre la Coordinadora de responsables de la UGT FICA de varios centros de producción de vehículos y el responsable del sector Automovilístico de la federación, Jordi Carmona, se acordó un decálogo de las medidas que debería incluir ese Plan, dirigidas a “revitalizar el sector” y preparar a las plantas españolas para afrontar “con éxito” los retos que se avecinan.

Entre ellas, destaca la exigencia al Gobierno para que active “urgentemente” la implantación del contrato relevo, ya que sirve como “herramienta de rejuvenecimiento de las plantillas” y de competitividad de los centros industriales.

El Plan Estatal debería también incluir, según UGT-FICA, un Plan formativo estatal orientado hacia las nuevas tecnologías, un Plan estatal estratégico de movilidad terrestre vial y un Pacto energético.

También se debería potenciar la instalación de centros de fabricación de baterías, fomentar la creación de una red de puntos de carga, crear un marco de negociación sobre la base de los convenios sectoriales, mantener incentivos para la compra de vehículos, incentivar a las empresas para que inviertan en nuevas tecnologías y que garanticen el empleo y, por último, elaborar un Plan estatal medioambiental.

UGT-FICA ha señalado que entiende que cualquier acción o información “que no vaya en la línea de afrontar una transición coherente y pausada” en el marco del Pacto de Estado que reclaman, supondrá “un riesgo potencial” para la industria automovilística en España y para los cerca de 2 millones de puestos de trabajo directos e indirectos con que cuenta el sector en el país.

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